El congreso ha rechazado la convalidación del Real Decreto-Ley 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

El pasado 19 de diciembre entró en vigor la reforma de la Ley del alquiler que ha sido rechazada por el Congreso. Los cambios más significativos afectaban a la duración de los contratos de arrendamientos y a las fianzas, por lo que la duración de los contratos volverá a ser de tres años, tal y como fijó la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013, en lugar de los cinco o siete años. Por otro lado el propietario podrá exigir un mes de fianza y las garantías que considere, en vez del máximo de tres meses que recogía la reforma, además el inquilino tendrá que afrontar los gastos de gestión inmobiliaria y formalización, que el decreto había trasladado al propietario si era una empresa.

 

Los contratos de arrendamiento firmados durante la vigencia del Real Decreto-Ley 21/2018, entre el 18 de diciembre de 2018 y el 22 de enero de 2019, tendrán plena validez puesto que hay que respetar la normativa vigente en aquel momento. Esto significa que la duración mínima de estos contratos será de cinco años más tres de prórroga táctica, las garantías adicionales al mes de fianza estarán limitadas a dos mensualidades y los gastos de gestión inmobiliaria y de formación dependerán del arrendador si se trata de una persona jurídica.

 

El rechazo del decreto también afectara a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, derogando la posibilidad de que las comunidades de vecinos puedan prohibir alquileres turísticos con un acuerdo de tres quintas partes de los propietarios, obligando a un acuerdo por unanimidad, salvo que la materia afecte a algunas cuestiones concretas que menciona la Ley.

 

En cuanto a medidas fiscales, también se suprime la exención del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en los alquileres de vivienda para uso estable y permanente, por lo que el inquilino deberá pagar este impuesto cuando firme un nuevo contrato de alquiler.

 

Además, quedarán suprimidas las modificaciones de la Ley de Haciendas Locales que habilitaban los ayuntamientos de establecer una bonificación de hasta el 95% de la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado.

 

Por último, el decreto también modifico la Ley de Enjuiciamiento Civil, paralizando los desahucios hasta que se encuentre una alternativa habitacional en los casos que afecten a personas o familias vulnerables, lo que obligaba al juez a pedir un informe a los servicios sociales. En caso de que el informe ratificase esa situación, se paralizaba un mes (dos si el propietario era una persona jurídica).  La anulación supondrá eliminar esas garantías adicionales que el congreso denunció como insuficientes porque exigía que el informe fuera necesario en todos los casos.

 

En estos momentos, se abre un periodo de reflexión y negociaciones en el Congreso de los Diputados que probablemente termine en una nueva reforma del alquiler a corto plazo, en DAEM les mantendremos informados.

 

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