¿Qué debes tener en cuenta ante la declaración de estado de alarma?
14 March, 2020

El presidente del Gobierno ha declarado hoy el estado de alarma en todo el Estado español durante un máximo de quince días, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116.2 de la Constitución. Esta situación, sin embargo, puede suponer que las empresas no puedan atender obligaciones asumidas, ante la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones de una relación contractual. En este artículo explicamos medidas que se pueden adoptar ante esta situación excepcional.

El presidente del Gobierno ha declarado hoy el estado de alarma en todo el Estado español durante un máximo de quince días, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116.2 de la Constitución. De este modo, tal y como anunciaba ayer Pedro Sánchez "el Estado contará con instrumentos excepcionales para actuar con agilidad y contundencia y proteger mejor la salud de la ciudadanía" ante el coronavirus. 

 

Esta situación, sin embargo, puede suponer que las empresas no puedan atender obligaciones asumidas, ante la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones de una relación contractual. 

 

A nivel laboral, no se pueden suspender los contratos legalmente sin que haya autorización administrativa previa, incluso en situaciones de estado de alarma o excepción. Si la empresa se ve obligada a cerrar y enviar a los trabajadores a casa, les deberá comunicar que tramitará un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa mayor, ya sea mediante la representación legal de los trabajadores y / o directamente a cada trabajador.

Este procedimiento, para ser regulado como fuerza mayor, requiere una autorización previa por parte del Departamento de Trabajo, con independencia del número de trabajadores afectados. La Administración tiene un plazo máximo de 5 días y esta autorización tiene efectos retroactivos. Es requisito necesario elaborar una memoria explicativa de las causas, aportando todas las pruebas acreditativas de las mismas, junto con la solicitud. Durante el tiempo que dure la medida aplicada por el ERTE, la empresa debe seguir cotizando por la cuota patronal pero no hay obligación de pagar salarios (será el SOC / SEPE quién pagará la prestación de desempleo a la persona trabajadora quien no percibirá el salario íntegro salvo pacto en contrario). 

En todo caso se trata de un procedimiento es temporal, ya sea una suspensión del contrato o una reducción forzosa de la jornada. Durante la suspensión del contrato, el trabajador continúa vinculado a la empresa pero sin derecho a percibir su sueldo, ni el resto de complementos como pagas extra o vacaciones. Al contrario que en el caso de los ERE, los trabajadores afectados por un ERTE no tienen derecho a cobrar indemnización. Sin embargo, terminada la situación excepcional, se reincorporan a la empresa.

El gobierno ha adoptado medidas concretas para flexibilizar la implantación de ERTEs, consulte con su asesor laboral en DAEM para conocer más detalle y cómo puede afectar a su caso concreto.

 

A nivel mercantil, hay que atender a los términos del contrato o relación contractual. El artículo 1.255 del código civil estipula el principio de la autonomía de la voluntad. Es decir, lo que pacten las partes, es vinculante entre ellas y, por tanto, tiene fuerza de ley. Sin embargo, los supuestos de fuerza mayor y caso fortuito se configuran como una excepción que puede romper este principio. Si no se pacta nada, en relación a los supuestos de fuerza mayor, exceptuando la como causa de exoneración de cumplimiento y / o responsabilidad, actuaría como eximente del cumplimiento, sin perjuicio de atender a criterios de buena fe contractual y equidad. 

 

La Ley Orgánica 4/1981 recoge en su artículo 4 b) como estado de alarma, las alteraciones graves de la normalidad provocadas por crisis sanitarias, como epidemias y situaciones de contaminación grave. Además, las recomendaciones de la OMS, como principal autoridad garante de la salud a nivel mundial, en cuanto a restricciones, reconoce estas circunstancias excepcionales en el ámbito internacional.

 

Teniendo en cuenta esto, la forma mayor se configura como el hecho o circunstancias que se producen de forma imprevisible o inevitable, que son ajenos a quien debe cumplir la obligación y por tanto, que éste no ha podido prever ni evitar. Además, estas circunstancias deben ser la causa directa del incumplimiento y, en su caso, de exención de daños y perjuicios. En este sentido, se recomienda, documentar todos los hechos y circunstancias que hacen inviable el cumplimiento de la obligación por causa de la crisis sanitaria, dado que, en su caso, se exigirá esta prueba concreta de la causa y el efecto del incumplimiento por causas ajenas a quien estaba obligado. 

 

Por último, se recomienda revisar los términos de las pólizas de seguro. En este sentido, se ha de analizar el riesgo cubierto, y si incluye daños y / o pérdidas ocasionadas por las situaciones incluidas en la Ley Orgánica 4/1981 o situaciones de fuerza mayor. Además, documentar todos los hechos y circunstancias que fundamenten el siniestro y su relación con la causa y, especialmente tener en cuenta los plazos y forma de comunicar el siniestro a la compañía.

 

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